Éste mediodía se llevó a cabo la primera audiencia de juicio oral por el atentado al secretario general del partido Justicialista del Departamento de Rosario. También hubo una audiencia por el caso de Franco Casco, el joven que hallaron ayer ahogado en el río Paraná y que había desaparecido luego de estar detenido en la comisaría 7º.
“Nosotros denunciamos una serie de irregularidades en la causa, seguimos sosteniendo que es una desaparición forzada. La única información real es que pasó por la comisaría 7º. Ayer intentaron instalar que el joven estaba caminando drogado por la ciudad por ejemplo. Hoy lo que esperamos es que se ponga sobre la mesa todo la información que hay”, aseguró Toniolli, y agregó que “el fiscal fue negligente, recién ayer habían pedido las imágenes de las cámaras de seguridad del Banco que está en frente de la comisaría y que podría aclarar el hecho”. Sin embargo, desde la entidad financiera dijeron que habían borrado todas las imágenes registradas. Además, en una entrevista a LT8, el fiscal Guillermo Apanowicz dijo "haber solicitado" una muestra de las imágenes aunque no pudo precisar la fecha en que lo hizo al ser consultado.
Según el diputado, hubo varias irregularidades, entre ellas la de la firma de puesta en libertad que figura en las actas de la comisaría y la madre de Franco no reconoce. Además de las fotos que mostraron los mismos policías, donde el joven aparece golpeado y que ellos afirman que ya había llegado así. “Solicitamos y exigimos que haya una pericia hecha por la justicia federal, fundamentalmente porque no confiamos en el actuar de la policía”, remarcó.
En tanto, este mediodía se llevó a cabo la primera audiencia de juicio oral por el atentado al secretario general del partido Justicialista del Departamento de Rosario, en ese marco Toniolli, también dialogó con AM 1330.
El 6 de noviembre de 2003, un hombre arrojó una granada contra el ciber café que administraba Toniolli, que por entonces era referente de H.I.J.O.S Rosario y querellante en la causa “Guerrieri” por delitos de lesa humanidad.
Más tarde se supo, debido a que tomaron la patente de la moto del acusado, que el atacante había sido el sargento Carabajal, integrante del servicio de Inteligencia del Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército. “Se lo detuvo, luego se lo dejó en libertad, por razones políticas, y hoy se lo condenó a 3 años de prisión”, declaró, y consideró: "A lo sumo estará ocho meses de prisión efectiva".